Mipymes, Pequeños Negocios, Grandes Victimas. Una embestida fiscal y financiera que amenaza su existencia.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, representan el tejido más amplio y dinámico del aparato productivo de la economía nacional, al representar alrededor del 98% del parque empresarial dominicano. Según datos de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), presentados en el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, estas son responsables de generar el 61.6% del empleo a nivel nacional, lo que equivale a cerca de tres millones de puestos de trabajos al año, pero a pesar de su gran relevancia socioeconómica, en el primer semestre del año enfrenten grandes desafíos a nivel fiscal y financiero.
Desde la óptica económica, se observa un entorno de liquidez restringida, limitando el acceso al crédito y condiciones de financiamiento poco competitivas que afectan la operatividad y expansión del sector. Simultáneamente, el enfoque tributario revela una presión impositiva desproporcionada que, lejos de fomentar la formalización y el desarrollo empresarial, agudiza su vulnerabilidad y reduce su capacidad para mantenerse en el mercado.
Según establece la tercera edición del informe “Ecosistema pyme: evolución empresarial en la era de la IA, elaborado por la empresa Alegra, una de las grandes plataformas de proveedores de sistema de facturación, establece que las ventas de las pequeñas y medianas empresas han experimentado una caída significaba durante el periodo enero-mayo de 2025.
El informe revela una contracción significativa en la facturación durante el primer trimestre del 2025, con descenso pronunciados particularmente en el mes de febrero (-40.34%) y marzo (-33.07%). Aunque en mayo de ese mismo año se registró una disminución de ingresos de 13.11 % en comparación con el mismo mes de 2024, esta fue menos severa que la caída observada en enero, que alcanzó el (-26.49 %.)
Sectores como manufactura (-40.6%), así como automotores y partes (-17.8%) experimentaron caídas significativas. Situación que amerita ser de atención ya que, de un total de 470,527 unidades económicas existentes en la República Dominicana, 404,034, son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), según los datos del Banco Central de la República Dominicana.
Otro factor a considerar es el reciente informe de la Super Intendencia de Bancos (SB), la cual establece que las Mipymes toman créditos más costosos que otros deudores, al apuntalar que la tasa de interés promedio ponderado de las Mipymes se sitúa en un 16.7% al mes marzo de 2025, muy por encima de la registrada para el resto de la cartera comercial privada de un 10.4%, a pesar de que estas aportan un 20% del valor agregado del producto interno bruto.
Lo situación antes señalada se corresponde a que las entidades financieras clasifican a las Mipymes como unidades de alto riesgo crediticio, principalmente por la ausencia de historial crediticio, la limitada capacidad para ofrecer garantías reales y a esto se suma que el 85% de las Mipymes se encuentran en condiciones de informalidad.
Una transformación tributaria que contemple tasas más bajas, procesos de cumplimientos más simples y económicos y sobre todo que abarquen flexibilidades para el pago de los tributos es de vital importancia para las Mipymes y el fortalecimiento de la economía dominicana. Medidas como estas promoverán la formalización del sector, lo cual incrementará la recaudación y permitirá al Estado canalizar mayores recursos hacia obras prioritarias, generando un efecto dinamizador en la actividad económica nacional
Países como Perú, Chile y Colombia han adoptado mecanismos tributarios flexibles que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Perú, por ejemplo, permite el fraccionamiento de pagos hasta por 72 meses (6 años), condicionado a la evaluación de la capacidad económica del solicitante. Chile ofrece convenios de hasta 24 cuotas mensuales, con pagos iniciales que oscilan entre el 10 % y el 30 % de la deuda. Por su parte, Colombia establece un plazo estándar de 5 años para acuerdos de pago, con posibilidad de extenderlo por 2 años adicionales bajo ciertas condiciones. Estas medidas han contribuido significativamente al incremento en la recaudación tributaria, aligenrado la carga fiscal para segmentos vulnerables y, lo más importante, han incentivado la inclusión progresiva de nuevos contribuyentes al sistema formal.
En el contexto de la compleja coyuntura económica que atraviesa tanto la República Dominicana como el entorno global, resulta imperativo que la clase política de nuestro país asuma con urgencia el compromiso de una restructuración respecto a la flexibilidad para el pago de los impuestos, siendo esto crucial para aliviar la presión fiscal de los contribuyentes, mejorar la eficiencia del sistema recaudatorio y promover una mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Quiero concluir destacando una verdad fundamental: cuando la recaudación tributaria se transforma en inversión pública eficiente, esta impulsa el crecimiento económico nacional. Y ese crecimiento, a su vez, es generador directo de empleos, fortaleciendo la estabilidad de miles de hogares dominicanos y promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible.
